La constitución y cancelación de condición resolutoria y su fiscalidad en TPO y AJD

La constitución y cancelación de condición resolutoria y su fiscalidad en TPO y AJD
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 Las condiciones resolutorias son actos o contratos de garantía que acostumbran a insertarse en forma de cláusula en los contratos de compraventa sobre inmuebles para garantizar el precio aplazado.

La constitución de una condición resolutoria puede quedar sujeta a TPO o bien a AJD.

Así, quedan sujetas a la modalidad de TPO la constitución de la condición resolutoria explícita regulada en el art. 11 de la LH, en garantía del precio aplazado de una compraventa inmobiliaria, siempre y cuando reúna los siguientes requisitos:

a) Que la transmisión principal, esto es, la compraventa, esté sujeta a TPO

b) Que la transmisión sea una compraventa

c) Que la compraventa se refiera a inmuebles

La base imponible es la cantidad total garantizada por la condición resolutoria, incluyendo, en su caso, intereses y costas si las mismas quedan garantizadas por la condición de manera expresa.

El tipo de gravamen es el 1 por ciento-TPO

El sujeto pasivo será el constituyente de la condición resolutoria, esto es, el vendedor, que verá asegurada la transacción.

Por el contrario, quedan sujetas a AJD la constitución de condiciones resolutorias que reúnan los requisitos del art. 31.2 de la LTPOAJD en general y, en especial, las condiciones resolutorias en garantía del precio aplazado accesorias de compraventas inmobiliarias sujetas a IVA.

La base imponible es la cantidad total garantizada por la condición resolutoria, incluyendo, en su caso, intereses y costas si las mismas quedan garantizadas por la condición de manera expresa.

El tipo de gravamen es el 1,5 por ciento-AJD

El sujeto pasivo es la persona en cuya seguridad se constituye la condición resolutoria, esto es, el vendedor, que verá asegurada la transacción.

Las cancelaciones de condición resolutoria quedan sujetas, en todo caso, a AJD, siempre y cuando reúnan los requisitos del art. 31.2 de la LTPOAJD.

En ningún caso pueden quedar sujetas a TPO ya que la cancelación de una condición resolutoria no es hecho imponible en la citada modalidad.

La base imponible es la cantidad total garantizada por la condición resolutoria, incluyendo, en su caso, intereses y costas si las mismas quedan garantizadas por la condición de manera expresa.

El tipo de gravamen es el 1,5 por ciento-AJD.

El sujeto pasivo será, de acuerdo con el art. 29 de la LTPOAJD, el solicitante del documento o aquel en cuyo interés se expida, que será normalmente el titular registral actual de la finca, que será el interesado en hacer desaparecer la carga de la misma.

Notas prácticas

La cancelación por caducidad establecida convencionalmente por los interesados al constituir la condición, fijando un plazo a partir del cual se podrá solicitar la cancelación de la condición resolutoria, puede realizarse mediante instancia privada con firma legitimada dirigida al registrador. En consecuencia, no tributará por AJD.

La cancelación de la condición resolutoria, a solicitud del titular registral, de cualquier derecho sobre la finca por la expiración del plazo de prescripción establecido en la normativa civil para su ejercicio (diez años, de acuerdo con el art. 121-20 en relación con el 121-1 y siguientes del CCC), puede hacerse por instancia privada con firma legitimada, dirigida al registrador. Por tanto, tampoco tributará por AJD.

No están sujetas a TPO (por no ser hecho imponible) ni a AJD las condiciones resolutorias accesorias de transmisiones mobiliarias formalizadas en pólizas y, en general, las que no tengan contenido valuable, como, por ejemplo, las condiciones en que se hace depender el contrato principal de autorizaciones o licencias administrativas.

La modificación del calendario de pagos de una condición resolutoria en garantía del precio aplazado en una compraventa está sujeta a AJD, de acuerdo con la consulta V1044-14  de 14 de abril de la DGT estatal, un criterio que es imposible compartir.

La sujeción a AJD de la cancelación de condición resolutoria otorgada en escritura pública, a nuestro parecer, es más que dudosa, tal y como estudiamos en otro post.

Las referencias a la normativa civil y fiscal se entienden hechas a las vigentes en Cataluña en el día de hoy.

   

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